Algunos de ellos piden que la compañía baje sus precios para tratar de resarcir, en algo, el daño causado al bolsillo de miles de colombianos. Otros, en cambio, se sienten indignados y exigen que la empresa les devuelva el dinero que, de forma ilegal, les cobró durante años.
Para que esto último ocurra, las personas afectadas tienen varias opciones de tipo legal que están relacionadas con el reclamo de sus derechos como consumidores. Según el diario La República, lo primero que deben hacer es indagar acerca de si el cartel del papel higiénico tuvo un efecto negativo en el mercado y si existió incidencia en algunos de los precios.
Otra opción es evaluar las condiciones, en caso de que el cartel haya terminado hace tiempo.
“Los consumidores pueden hacer una acción de grupo. Tendrían que probar que en el caso hubo ganancias ilícitas y, con base en eso, pueden pedir que se les indemnicen los perjuicios y que se les devuelva el dinero. Sin embargo, eso tendría que ser resultado de un juicio en el que haya pruebas concretas y específicas”, explicó a ese medio Gabriel Ibarra, socio de Ibarra Abogados y experto en competencia.
¿Y si Familia pone más barato el papel higiénico para remediar lo del cartel? Pese a que centenares de usuarios se han pronunciado en las calles y a través de Internet sobre esta posibilidad, la legislación actual no tiene fijada esta opción como norma. Incluso, se pasa por alto a la hora de poner una sanción de este tipo que esas empresas se enriquecieron con más de 300.000 millones de pesos anuales engañando a los colombianos.
“Mientras estemos en una economía de mercado y el precio lo tengan que fijar la oferta y la demanda, no hay ninguna posibilidad de que las autoridades puedan fijar un precio, eso solo se puede hacer en sectores regulados como el de la energía eléctrica o la telefonía”, agrega Ibarra.
Con base en lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio presentó ante el Congreso una reforma de ley de competencia para aumentar las multas, y que superen los 69.000 millones de pesos, como funciona actualmente, señala el diario El Tiempo.
De tener procedencia la iniciativa, también se modificarían los montos a partir de las utilidades y las ventas de las compañías que participen en actividades ilegales y de engaño a los consumidores.
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