“La situación extrema en Venezuela, donde la gente corriente está sufriendo como consecuencia de las malas decisiones del gobierno, no debería ser utilizada como pretexto para atacar y oprimir a la sociedad civil”, advirtió el presidente de TI, el abogado peruano José Ugaz, en un comunicado.
Según Ugaz, “en tiempos de adversidades ocurre con demasiada frecuencia que son aquellos que enfrentan al poder con la verdad los que son acosados e intimidados”.
“El espacio para la sociedad civil debería quedar protegido. Muchas organizaciones que trabajan para ayudar a los venezolanos a vivir vidas libres de corrupción, inseguridad y pobreza forman parte de redes internacionales de la sociedad civil y esto no debería ser utilizado para convertir su trabajo en un objetivo”, señaló.
En la misma línea, la directora ejecutiva del capítulo nacional de TI en la nación caribeña, Mercedes de Freitas, advirtió de que “la sociedad civil en Venezuela no debería convertirse en chivo expiatorio para el dolor que están sufriendo los venezolanos”.
“Debe permitirse que la sociedad civil desempeñe su papel de vigilancia para garantizar que el gobierno responda ante la gente, especialmente en tiempos de una devastadora crisis que afecta la subsistencia de toda la población”, agregó.
Cuando los controles y equilibrios en el gobierno ya no están disponibles, hay un peligro mayor de que la concentración de poder conduzca a abusos, advierte el comunicado.
Transparencia Internacional está profundamente preocupada ante una posible intensificación del acoso y de que el capítulo de esta organización en Venezuela y todo su equipo se convierta en un objetivo.
Por ello la ONG, con sede en Berlín, llama a la comunidad internacional a unir fuerzas para proteger a la sociedad civil venezolana.
En una reacción al comunicado de TI, el portavoz del Gobierno de Angela Merkel, Steffen Seibert, destacó la preocupación “persistente desde hace meses” del Ejecutivo de Berlín por la “catastrófica situación de desabastecimiento” que sufre la población de Venezuela.
La fuente gubernamental declinó hacer “valoraciones políticas” acerca de las decisiones adoptadas por el presidente Nicolás Maduro y se limitó a manifestar que Berlín “sigue con atención” los acontecimientos que se suceden en el país suramericano.
Maduro renovó el 13 de febrero por otros 60 días el decreto de estado de excepción y de emergencia económica declarado en enero pasado.
EFE
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