Arantes se pronunció por “la admisibilidad jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, por el Senado Federal, del proceso por crimen de responsabilidad” de Rousseff.
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La presidenta, de 68 años, está acusada de maquillar las cuentas públicas en 2014 para favorecer su reelección, y a inicios de 2015. La oposición considera que se trata de un “crimen de responsabilidad”, en tanto que la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) denuncia un “golpe de Estado”.
Según el informe, “la magnitud y el alcance de las violaciones practicadas por la presidenta de la República constituyeron un grave desvío de sus funciones, con perjuicios a los intereses de la nación”.
“Tales actos justifican la apertura excepcional del mecanismo de impeachment”, subrayó.
El parecer de la comisión deberá ser votado por el pleno de la Cámara de Diputados el lunes 18, según un calendario sujeto a modificaciones.
“Estamos preparados para perder en la comisión. Apostamos en el voto en el plenario”, dijo a la AFP el diputado del PT, Ze Geraldo.
Para que el impeachment prospere, debe contar con el apoyo de un mínimo de 342 de los 513 miembros de la cámara (dos tercios).
“Buscamos sumar más de 172 votos y que ellos no consigan los 342. Será difícil para nosotros reunir 172, pero para ellos también será duro”, añadió Geraldo.
Según una encuesta actualizada el miércoles de tarde por el sitio web del diario Estado, 245 diputados están a favor del impeachment, 110 en contra, 58 indecisos y 11 no revelaron su posición. Otros 89 no pudieron ser contactados.
De superar la cámara baja, el proceso iría al Senado y, de aprobarse también en esa instancia, Rousseff sería separada de su cargo por un máximo de seis meses a la espera del veredicto final, que estará igualmente en manos de la cámara alta.
La mandataria sería reemplazada entonces hasta el fin de su mandato en 2018 por su vicepresidente, Michel Temer, contra quien la corte suprema pidió también un proceso de impeachment.
Temer pertenece al partido centrista PMDB, que la semana pasada rompió su alianza con el PT.
Brasil entra así en una zona de turbulencia acentuada, a cuatro meses de los Juegos Olímpicos de Rio (5 al 21 de agosto).
Este sería el segundo juicio de destitución en Brasil desde el fin del régimen militar (1964-85). El primero le costó el cargo al presidente liberal Fernando Collor en 1992.
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