El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) abrió una investigación preliminar contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por sospechas de tráfico de influencias y corrupción.
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En un breve comunicado, el TSJM anunció que una corte de la ciudad abrió una “investigación por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez”, y señaló que la investigación se abrió el 16 de abril y que las diligencias son “secretas”.
Preguntado en el Congreso de los Diputados sobre la investigación, Sánchez respondió que confía en la justicia. “En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país”, aseguró.
Plan de rescate de Air Europa
La decisión de la justicia de España se conoció unas horas después de que el medio digital El Confidencial publicara una noticia en la que se afirmaba que los investigadores estaban examinando los vínculos de Gómez con varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del gobierno.
El Confidencial afirma que la investigación está relacionada con los presuntos vínculos de Gómez con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, en un momento en que mantenía conversaciones con el gobierno para conseguir un rescate de gran envergadura para la empresa, gravemente afectada por la caída del tráfico aéreo debida a la pandemia de coronavirus.
En aquel momento, Gómez dirigía Africa Center, una fundación relacionada con la escuela de negocios Instituto de Empresa (IE), un cargo que abandonó en 2022.
El Confidencial afirma que el “IE Africa Center de Begoña Gómez firmó en 2020 un acuerdo de patrocinio con Globalia” y que ella “se reunió en privado con el consejero delegado del ‘holding’ turístico, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía”.
“En esas mismas fechas, Globalia estaba negociando con el gobierno un rescate millonario”, añadió el medio. En noviembre de 2020, de hecho, el gobierno de Sánchez ofreció una línea de ayuda de 475 millones de euros (507 millones de dólares) a Air Europa surgida de un fondo de 10.000 millones de euros destinados a apoyar a empresas estratégicas en dificultad por la pandemia.
La compañía española fue la primera en beneficiarse de este fondo. Le siguieron otras muchas, incluidas varias de sus competidoras (Iberia, Vueling, Volotea, etc.).
Este miércoles, la oposición de derechas sostuvo que es “urgente” que el presidente del gobierno dé “explicaciones”, a través de Ester Muñoz, miembro de la dirección del Partido Popular (PP, derecha). “Todo es muy grave y todo se acabará sabiendo”, advirtió el portavoz del partido, Borja Sémper.
Desde que la prensa desveló el asunto hace varias semanas, el PP no ha dejado de atacar al presidente del gobierno y a su esposa.
“Prácticas trumpistas”
Varios diputados del campo de Sánchez reprocharon a la derecha manipular la justicia con fines políticos.
El presidente del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, denunció “una estrategia en que se lanzan acusaciones sin ningún dato, sin ninguna información veraz, sin ninguna prueba, solo para hacer daño, solo para ensuciar”.
“Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y injuriar a la presidencia del Gobierno”, dijo, de la oposición, la número dos del gobierno, María Jesús Montero. “No vamos a consentir que estas prácticas trumpistas socaven la democracia de España”, añadió.
Manos Limpias, el colectivo fundado en 1995 que presentó la denuncia contra Begoña Gómez, ha estado detrás de varias querellas en los últimos años y ha actuado como parte civil en muchos casos de corrupción.
Se la considera próxima a la extrema derecha, entre otras cosas por la personalidad de su fundador, Miguel Bernad, antiguo dirigente del partido Frente Nacional, disuelto en 1993.
Acusado de participar en una red de extorsión, Bernad fue condenado a cuatro años de prisión en julio de 2021, pero finalmente fue absuelto en apelación el mes pasado por falta de pruebas, según el tribunal.
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