Convocados por la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los opositores marcharán hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en una veintena de ciudades, reclamando al organismo que acelere la revisión de las firmas que entregaron el 2 de mayo como requisito para activar la consulta.
“El revocatorio sí puede y debe ser este año, como lo quiere la mayoría de los venezolanos. El tiempo sí da, pero tenemos que estar en la calle exigiendo que se cumplan las normas”, dijo el líder opositor Henrique Capriles, principal promotor del referendo.
Sin embargo, Maduro aseguró que la consulta no tiene “viabilidad” porque hubo un intento de “fraude en las firmas presentadas, y denunció que “hay planes para convertir las marchas en Caracas en eventos insurreccionales y violentos, por lo que las autoridades están obligadas a garantizar la paz”.
Una jornada similar se realizó hace una semana, pero militares y policías impidieron que los manifestantes llegaran hasta las oficinas Del CNE, incluida su sede central en Caracas, desatándose pequeñas escaramuzas.
Las marchas de este miércoles serán las primeras bajo el estado de excepción que decretó Maduro el pasado viernes, en el que se arrogó facultades extraordinarias para gobernar en casi todos los ámbitos.
En Caracas la movilización no fue autorizada por las autoridades oficialistas, pese a lo cual Capriles y otros dirigentes de oposición reiteraron el llamado a marchar y desconocer el decreto.
Mientras la tensión política sube, en las calles el malestar social también aumenta ante la dramática escasez de alimentos básicos y medicinas esenciales, y la inflación más alta del mundo (180,9% en 2015 y proyectada en 700% para 2016).
“La gente está cansada. La situación está malísima, esto en cualquier momento revienta”, declaró a la AFP Lilimar Carrillo, una enfermera de 39 años, que hacía cola para comprar comida en la ciudad de Guarenas, a unos 45 km de Caracas, donde el martes se regristró una protesta por la escasez de alimentos.
Alarde de fortaleza o debilidad
Rechazado el martes por el Parlamento de mayoría opositora, el estado de excepción contiene medidas para enfrentar la profunda crisis económica.
Capriles llamó el martes a desconocer el decreto, y sostuvo que llegó la hora de que los militares decidan si “están con la Constitución o con Maduro”.
El estado de excepción también autoriza “operativos especiales de seguridad” frente a lo que Maduro denuncia como una amenaza de intervención extranjera, instigada por la oposición y Estados Unidos.
Esas acciones podrán ser apoyadas incluso por grupos civiles que repartirán mercados puerta a puerta y ejercerán labores de vigilancia.
Maduro sostiene que entre las estrategias para precipitar una intervención están propagar la idea de que Venezuela enfrenta una “crisis humanitaria”, junto con actos de violencia.
“Lejos de constituir un alarde de fortaleza, este decreto revela una gran debilidad”, afirmó el presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup, quien da por descontado que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le dará luz verde a lo que considera un desmonte de la Constitución.
El CNE dijo que el 2 de junio finalizará la auditoria de las firmas. De ser aceptadas, unas 200.000 personas tendrán que revalidar su rúbrica con la huella dactilar. En una segunda etapa, la MUD debería reunir cuatro millones de firmas en tres días.
La oposición quiere realizar el referendo este año, pues si se lo hace después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del actual mandato- y Maduro pierde, los dos restantes los completaría el vicepresidente, designado por el mandatario. De lo contrario, se convocará a elecciones.
Según una encuesta de la firma Datanálisis, 70% de los venezolanos apoya un cambio de gobierno.
AFP
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