George Pérez era integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos articulada al Movimiento Ríos Vivos Antioquia, organización que ha sido la principal opositora de la construcción del embalse del municipio de Ituango.
Esta organización activista ha luchado por frenar temporalmente la obra hasta tanto no se garanticen los derechos de las personas afectadas por la construcción, y cuyas peticiones acogió hace un par de semanas el Parlamento Europeo cuando le pidió a las autoridades antioqueñas que no se llenara el embalse hasta que no se recuperaran las decenas de cuerpos de víctimas del conflicto armado que están enterrados en la zona.
“La familia George ha habitado de manera ancestral en la finca Manzanares y han sido afectados de innumerables maneras por la construcción de Hidroituango, en las que sobresalen el no reconocimiento de la posesión de la finca de las cual dependen más de 50 personas que son la familia extensa y los daños a los cultivos, los caminos de herradura, la perdida de semovientes, de árboles maderables y frutales causadas principalmente por la construcción de la vía entre Puerto Valdivia y la Presa”, aseguró Ríos Vivos al informar sobre el crimen.
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En el texto también señalan que los integrantes de esa familia “son víctimas del conflicto armado, sobrevivientes de las olas de violencia del corregimiento de El Aro en Ituango”.
El movimiento exigió la investigación “rigurosa” del crimen para que no quede en la impunidad y “se haga justicia con los perpetradores intelectuales y materiales del crimen”, así como garantías de seguridad para la familia de George Pérez y los demás activistas. También pidió que “se investigue y sancione a los responsables de los impactos que hoy sufren las comunidades por el represamiento del río Cauca”.
Ríos Vivos señaló que la víctima “dejó una gran familia de 12 hijos, de los cuales 10 son menores de edad en su gran mayoría mujeres, una bebe de meses y una nieta que estaba a su cargo”.
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