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El Ministerio de Trabajo ya tiene conocimiento de la situación laboral que aqueja a 6000 trabajadores de las marcas BonIce y Vive 100. Tienen muchas denuncias por parte de sus empleados.
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Esta semana se dio la primera reunión en la cartera ministerial con el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, quien expuso graves denuncias de violaciones a los derechos laborales de estos trabajadores.
@MintrabajoCol le puso la lupa a las graves denuncias de violaciones de los derechos laborales y prestacionales mínimos de los trabajadores ambulantes de vive 100, Bon Ice y Quala. Exigimos que las partes vinculadas se declaren impedidas en la investigación. pic.twitter.com/Q104wvMXxU
— RED DE VEEDURIAS DE COL-Pablo Bustos Abogados (@redveeduriascol) April 24, 2024
Según explicó Bustos los vendedores ambulantes de estos productos trabajan en condiciones precarias y sin prestaciones sociales.
El presidente de la Red dijo que los sueldos no cubren las necesidades básicas de un trabajador, ya que los pagos son de $ 15.000 diarios.
El Ministerio de Trabajo se comprometió a investigar las denuncias de la presunta violación al Código del Trabajo por parte de la empresa que representa estas dos marcas.
Precisamente se trata de la multinacional Quala la que tendrá que responder sobre los señalamientos en materia laboral y además corporativa.
Según Pablo Bustos, esta empresa tiene distintos modelos de negocio incluso en el sector petrolero.
El tema, explica Bustos, es si la empresa tiene un manejo transparente de sus recursos, ya que ha hecho aparentes donaciones a políticos y otros grupos sectores sin explicación alguna.
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También habría desviado recursos que incluso pusieron a la empresa en la lista de los Panama Papers que se resume manejo de recursos en paraísos fiscales, manifestó.
“Sabemos que Quala tiene millonarias inversiones en varios modelos de negocio; incluso intereses -directos indirectos- en Ecopetrol, donde debería contestar si habría tenido millonarios contratos que le permitirían facturar por un solo negocio más $3.000 millones”, aseguró Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías.
El Ministerio de Trabajo asumió el tema y se comprometió a dar prontos resultados.
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