De acuerdo con un comunicado de la entidad, “el mayor caos y congestión vehicular”, y en algunos problemas de inseguridad, se generan en los siguientes centros comerciales que están ubicados en importantes vías de la capital:
- Titán Plaza (Avenida Boyacá con calle 80).
- Centro Mayor (Avenida Ciudad de Quito con carrera 34D).
- Parque La Colina (Avenida Boyacá entre calles 145 y 146).
- Gran Estación (Avenida calle 26 y avenida La Esperanza).
- Plaza Central (calle 13).
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- Plaza Imperial (carrera 104 con calle 148).
- Portal 80 (calle 80 con carrera 100).
- Salitre Plaza (Avenida La Esperanza con carrera 68B).
- Unicentro (Avenida carrera 15 con calle 124).
- Santafé (Autopista norte con calle 185).
- Milenio Plaza (Avenida Ciudad de Cali con calle 42 sur)
- Multiplaza (Avenida Boyacá con calle 17).
- El Retiro (calle 81 con carrera 11).
- Empresarial Claro (Avenida La Esperanza con carrera 68).
Pese a que estos establecimientos, según el ente, cuentan con planes de implantación emitidos por la Secretaría de Planeación y con el aval de Movilidad, el caos sigue aparentemente porque “las medidas de mitigación son insuficientes y el impacto social es cada vez menos controlado y corregido”, agregó la entidad.
Además, añade que “la Secretaría de Movilidad y las alcaldías locales omiten un seguimiento” a la problemática.
“14 de 28 centros comerciales fueron visitados por la Personería que evidenció que continúan generando caos e inseguridad en la movilidad de los sectores aledaños, lo que afecta a transeúntes y visitantes de estos lugares”, mencionó la Personería.
Sin embargo, el problema más grave se produce en el último establecimiento de la lista (Centro Comercial y Empresarial Claro), debido a la construcción que está sin finalizar.
Lo anterior, según los vecinos de Asosalitre que hicieron la denuncia ante el ente, ha aumentado la inseguridad en la zona, además de generar invasión del espacio público, incrementar las ventas ambulantes y el estacionamiento de vehículos en zonas no permitidas.
Por esto, la Personería hace un llamado a las autoridades Distritales, que “no han realizado ni requerimientos ni sanciones”, para que sean más rigurosas con los estudios de implantación y promuevan soluciones que resuelvan estas situaciones.
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