La propiedad conocida como ‘La casa blanca’ está ubicada en el barrio El Golf y aparece a nombre de Aída Merlano Rebolledo, y según dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez allí operaba “un comando político” desde donde presuntamente se compraban votos para apoyarla en su aspiración de llegar al Senado, se lee en un comunicado de Fiscalía.
El sofisticado sistema que encontraron las autoridades, dice el boletín, “utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional (código QR) para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos”.
“Para verificar que se hubiera sufragado en un puesto específico, la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña”.
El fiscal dijo que la contabilidad se llevaba en planillas para poder monitorear a cada líder que compraba votos, y que la investigación apunta a que a cada uno de ellos se le habría pagado por voto “$40.000, con un subsidio de $5.000 de transporte”.
La Fiscalía señala que el dinero incautado estaba en una caja fuerte, y que al hacer seguimiento a las calcomanías con código de barras se descubrió que durante toda la campaña (de Merlano) “se habrían repartido más de $6.000’000.000”.
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En cuanto a las 4 armas (2 revólveres, una escopeta y una pistola), el organismo investigador encontró que solo una tenía salvoconducto a nombre de la elegida senadora.
La pistola, según El Heraldo, es una Glock calibre 9 milímetros.
Durante el allanamiento del domingo se incautó documentación y se capturó “en flagrancia” a cinco personas, entre ellas le hermana de Merlano Rebolledo, Vanessa Victoria, que fungía como asesora de la campaña.
Los otros detenidos son, según la Fiscalía, Edwin Rafael Martínez Salas (ingeniero de sistemas), Jefferson Jesús Viloria Mieles (auxiliar de sistemas), María Camila Valencia Lugo (encargada de redes sociales) y Everlin Carolina Díaz Díaz (jefe de marketing y pedagogía a electores).
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Estas cinco personas fueron presentadas en audiencia de legalización de captura, y de acuerdo con El Heraldo los abogados le apuestan a una estrategia para que un juez declare ilegal las capturas: las tres horas que tardaron en trasladarlos a una URI desde el momento en que les leyeron sus derechos.
Además, dice, la defensa alega que la escopeta y un revólver eran del vigilante de la casa, y que la otra arma supuestamente se la había decomisado el celador a una persona que la portaba cuando entró a la propiedad.
Por ahora, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema que investigue a la elegida senadora (que obtuvo 73.250 votos) por el delito de constreñimiento al elector.
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