La coalición de los partidos de gobierno pudo más que los conceptos de la CAR, la Universidad Nacional y demás organismos ambientales que recomendaban no intervenir las 1.340 hectáreas declaradas como área protegida.
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Tras un debate de casi 15 horas, los concejales aprobaron por mayoría el uso urbano de la reserva ambiental, informó Caracol Radio.
En consecuencia, el Plan de Desarrollo de Bogotá para los próximos 4 años podrá adelantar las gestiones correspondientes para la trazabilidad de las obras iniciales.
Sobre el futuro de este proyecto pesaban intereses de particulares que esperaban luz verde para decidir el porvenir de sus activos, en tanto se apaciguaron las críticas hacia altos funcionarios que resultaron ser propietarios en el sector de La Lomita, destacó El Espectador.
Por ejemplo, el 76 % de los predios de la reserva están escriturados a firmas privadas, entre ellas, algunas empresas constructoras e inmobiliarias, bancos y de mercados de valores.
Los ambientalistas habían advertido que estaba en riesgo la protección de un importante ecosistema nativo capaz de asegurar el suministro de agua hasta por 100 años para los habitantes de la capital de la República.
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