Los testimonios de las víctimas servirán para que un juez decida cuál será la reparación que recibirán estas personas, después de que fueran procesadas injustamente por los disturbios que se presentaron en Soacha, Cundinamarca, informó El Espectador.

Según un peritaje adelantado por un equipo de investigación independiente (equipo SiRa, de España), los 10 hombres sufrieron tratos degradantes, violatorios del Protocolo de Estambul, que originaron en ellos una huella postraumática de difícil reparación, explicó el diario.

Uno de los testimonios señaló que los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) usaron contra ellos pistolas tipo ‘taser’ para reducirlos con electrochoques.

Una de las víctimas contó que:

Nos agredieron a todos, nos tiraban al piso, nos daban puños, patadas. Hubo gente que no se dio cuenta porque eso era de puertas para adentro, de puertas para afuera no nos tocaron”.

Otro testimonio destacó que los ultrajes venían, incluso, de los mismos policías bachilleres:

Los policías bachilleres nos escupían. Empezó a llegar más gente en peor estado. Los policías nos preguntaban si teníamos plata, si teníamos celulares para dejarnos ir. Si estábamos muy pegados a la reja nos daban puntapiés para que nos alejáramos, si nos parábamos nos daban macanazos”.

Todas las victimas adviertieron que firmaron sus declaraciones bajo presión y luego de soportar golpizas por parte de los agentes en lugares fuera de la vista de testigos:

En el baño lo primero que me recibió fue un macanazo en la cabeza (…). Me metieron la cara al orinal. Me sacaron la cara y me empezaron a pasar corriente con el taser. Cuando me pusieron el choque eléctrico la primera vez a la persona que me puso yo le alcancé a tocar el cuello y el choque nos pasó a los dos. Con eso se emberracaron más y me empezaron a golpear. Entonces alguien dijo: “¡No lo maltraten más, sólo corriente!”. Tenían las chaquetas puestas al revés, algunos tenían pasamontañas y guantes”.

Para oscurecer más la situación, las denuncias también involucran a Medicina Legal por no hacer bien su trabajo, porque no anotaron la relación entre la declaración de las víctimas y las huellas que habían quedado en sus cuerpos.

Uno de los investigadores reveló que este tipo de violencia extrema ya no escandaliza a los colombianos, porque esta práctica se ha “normalizado” hasta el punto de que la cifra de personas víctimas de tortura podría estar entre los 400.000 y 500.000 casos durante el desarrollo del conflicto armado, destaca El Espectador.

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