Desde Aratacata (Magdalena), tierra de Gabriel García Márquez, el presidente ratificó la fecha de la primera movilización del año en respaldo a su Gobierno, en este caso, como último impulso a las reformas y a la consulta popular que propuso el presidente, ante una casi cantada derrotada en el Congreso.
Durante sus declaraciones, el presidente sembró la duda en cuanto al funcionamiento real de esta medida, sobre todo en el caso de los trabajadores privados, cuya subordinación contractual no les obliga necesariamente a cumplir estas determinaciones.
“Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley”, resaltó el presidente en su discurso.
Al respecto, los expertos y medios de comunicación coinciden en que la participación o no de los empleados del sector privado dependerá exclusivamente de lo que la empresa decida, puesto que, como se mencionó previamente, esta medida está dirigida a los funcionarios públicos.
(Vea también: Petro revela la primera pregunta que hará en su consulta popular; impactará a trabajadores)
En cuanto a si pueden despedir o no a los trabajadores privados que decidan asistir a la movilización, el viceministro de empleo y pensiones, Iván Daniel Jaramillo le dijo a Red+Noticias que, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, los empleadores no pueden imponer su visión política y religiosa.
En ese sentido, debido a que la subordinación es exclusivamente laboral, al ser un día cívico declarado por el Gobierno, la participación en el mismo no podrá ser considerada como causal de despido. El abogado laborista Camilo Maiguel, consultado también por el medio, se expresó en el mismo sentido.
Así las cosas, aunque no podrán los empleadores despedir a quienes decidan individualmente marchar, tampoco tendrá la empresa la obligación de acogerse en términos general al cumplimiento del día cívico.
¿A quién sí cubre el día cívico del 18 de marzo?
Como ha ocurrido en ocasiones previas, se espera que se sumen al día cívico de manera directa los funcionarios de las entidades públicas del poder ejecutivo, es decir, todos los ministerios, las superintendencias y demás entidades adscritas al orden nacional.
Las gobernaciones y alcaldías pueden decidir si se suman o no al día cívico, por lo que los empleados de estas entidades deben esperar las decisiones de sus líderes locales. Sin embargo, los trabajadores de servicios públicos esenciales, como la Policía, salud, emergencias, movilidad, seguridad y atención de desastres, deben continuar con sus labores habituales.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
