¿Es posible que la cúpula de las Farc y ‘Popeye’ lleguen al Congreso?

‘Popeye’, jefe de sicarios de Pablo Escobar y quien mató directamente a unas 300 personas, sin embargo, no podrá ser congresista porque pagó una condena privativa de la libertad, y no por delitos políticos.

Así lo asegura la revista Semana, que en 2 artículos diferentes evalúa las posibilidades de cada uno de ellos.

El mismo ‘Popeye’ planteó su derecho, al decir que si los líderes de las Farc iban a llegar al Congreso sin pagar ni un solo día de cárcel, ¿por qué no el que había pagado más de 23 años?

Teóricamente, los integrantes de la cúpula de las Farc no podrían llegar al Congreso porque han sido condenados por delitos de lesa humanidad (asesinato, exterminio, tortura, desaparición forzada, ataques a la población civil, y sigue un largo etcétera). Sin embargo, Semana recuerda, los acuerdos de La Habana (artículo 36) prevén que ninguna sanción “limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política, para lo cual las partes acordará las reformas constitucionales pertinentes”.

“Esto quiere decir que si el plebiscito aprueba los acuerdos de La Habana, de inmediato habría que tramitar un acto legislativo que les abra las puertas del Congreso a las Farc”, dice Semana.

Para la revista, que la cúpula de las Farc llegue al Congreso es un precio menor por “cerrar una guerra de medio siglo”, y descarta por carecer de realismo político opciones como que esas curules las ocupen personas cercanas a las Farc pero sin problemas con la justicia.

La única manera de que la guerrilla se consolide como fuerza política es que sus principales líderes tomen las riendas del partido político (que creen como resultado de los acuerdos), y por tanto sean sus representantes en el debate político”.

Curiosamente, ‘Popeye’, según Semana, podría estar pensando en acudir al Tribunal de Paz de la justicia transicional que se pactó con las Farc en La Habana, para que sus 300 asesinatos sean considerados crímenes políticos, y pueda recuperar los derechos políticos, entre los que están ser elegido al Congreso.

Para Semana, este es un escenario imposible: “Para acceder a la justicia transicional es necesario ser uno de los actores del conflicto, y a los narcotraficantes no se les reconoce esa condición”.