Para implementar esas garantías, se crearán comisión nacional, una unidad judicial especial, un cuerpo élite conformado por miembros de la Policía Nacional.
Este punto es importante porque, en el acuerdo firmado por los negociadores, las Farc reconocen al Estado colombiano como el único que puede hacer uso legítimo de las armas.
Por esa razón, se acordó que el Estado debe garantizar esa legitimidad en todo el territorio colombiano.
De otro lado, la unidad especial se encargará de investigar judicialmente los casos que pongan en peligro la integridad de movimientos políticos y comunidades.
“La financiación para el funcionamiento de la Unidad provendrá del Presupuesto General de la Nación y de la cooperación internacional”, explica el documento del acuerdo.
La unidad, además, “tendrá acceso a toda la información judicial disponible que requiera para sus investigaciones, incluyendo la información que repose o que haya sido trasladada a otras unidades de la Fiscalía, especialmente la Unidad de Justicia y Paz”.
Lo de Justicia y Paz es importante porque ahí se llevan los procesos contra paramilitares desmovilizados. Hay que recordar que las Farc han mostrado su preocupación por un supuesto rearme de exmiembros de autodefensas.
Sobre el cuerpo élite de la Policía, al acuerdo dice:
Las y los integrantes […] serán seleccionados bajo un modelo especial que certifique altos estándares de idoneidad, transparencia y efectividad”.
Habrá, además, una instancia que será parte de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política.
Esa instancia tendrá un comité de investigación de delitos cometidos contra actores políticos, mujeres y población LGBTI.
Además, estará conformado por:
- El Presidente de la República
- El Ministro del Interior
- El Ministro de Defensa
- El Consejero de Derechos Humanos de la Presidencia de la República
- El Comandante de las Fuerzas Militares
- El Director de la Policía Nacional
- El Director de la Unidad Nacional de Protección
Ese acuerdo se puede consultar a continuación:
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