Los acuerdos sobre estos temas fueron anunciados este jueves, desde La Habana.

Primero, las Farc entregarán, de forma paulatina, la totalidad de sus armas a la ONU.

El mecanismo de monitoreo y verificación designado por el organismo internacional resguardará ese arsenal en un contenedor.

Después, se construirán monumentos por la paz con esas armas.

Segundo, habrá 23 zonas veredales y 8 campamentos en los que se concentrarán los guerrilleros hasta el momento de su desmovilización.

En esos lugares no se podrán hacer manifestaciones políticas. Las Farc designarán, en cada zona de concentración, 10 de sus integrantes que se podrán mover entre municipios para cumplir “tareas relacionadas con el acuerdo de paz”.

Esos 10 subversivos tendrán otra tarea: almacenar las armas en los contenedores que quedarán bajo la vigilancia del mecanismo de verificación y monitoreo.

En esas zonas, además, no se permitirán “el porte y la tenencia de armas para la población civil”.

A nivel nacional, las Farc designarán 60 de sus integrantes que se podrán mover a nivel nacional, sin armas y de civil, para adelantar tareas.

Las Farc aceptaron que en esos lugares pueda ingresar la Policía Nacional “o cualquier otra autoridad armada del Estado”, siempre y cuando la presencia de la Fuerza Pública, cuando se requiera, sea informada al mecanismo de monitoreo y verificación y esté acorde a los protocolos negociados entre las partes.

Los detalles sobre este acuerdo se pueden ver en este documento (haga clic en la imagen para verlo en pantalla completa):

La guerrilla, de otro lado, aceptó el mecanismo que apruebe la Corte Constitucional para refrendar los acuerdos de paz. Esa es una noticia importante porque quiere decir que la guerrilla ya no quiere una asamblea constituyente, un tema en el que siempre habían insistido.

Además, quiere decir que el grupo subversivo está aceptando la institucionalidad del Estado colombiano.

Esto, además, significa que será la ciudadanía la que tenga la última palabra sobre lo acordado. En ese sentido, el anuncio desmiente a políticos como el procurador Alejandro Ordóñez que aseguraban que el pueblo no iba a participar en este proceso.

El acuerdo completo sobre este tema es el siguiente:

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