En su cuenta de Twitter, ‘Márquez’ criticó al ministro Cristo por anticiparse a rechazar que las Farc puedan emitir su opinión a la Corte Constitucional respecto de la demanda del exfiscal Montealegre sobre el mecanismo de refrendación de los acuerdos de la Habana, según publicó Caracol Radio.
@IvanMarquezFARC: Pedimos a ministro Cristo repasar normas internacionales. Farc sí son portadoras de derechos y deberes. Con gusto iremos a la audiencia,
dice el trino.
Y anticipó en parte cuál es el sentido de la respuesta de los negociadores:
Elevar al rango de acuerdos especiales los pactos de La Habana constituye la vía más expedita para garantizar su seguridad jurídica… El tema se está tratando en la mesa como posibilidad de aseguramiento jurídico de los convenios y de anticipar la terminación del conflicto”.
Es decir, un fallo de la Corte a favor de la demanda de Montealegre podría resolver el mecanismo de refrendación de los acuerdos y no haría necesario que haya la convocatoria de un plebiscito o una asamblea constituyente.
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Negativa del Gobierno
Previamente, el Gobierno nacional descartó este lunes la posibilidad de autorizar a los negociadores de las Farc a que acudan ante la Corte a expresar su opinión sobre una demanda que busca darle carácter de tratado internacional a los acuerdos de paz a los que se llegue en la mesa de negociaciones en Cuba.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, vio inconveniente que jefes de las Farc se presenten ante la alta corte, que invitó a distintos sectores del país a pronunciarse por escrito sobre la querella del exfiscal general Eduardo Montealegre para darle carácter de tratado internacional a los acuerdos de paz.
La posición del Gobierno Nacional es que mientras los señores de las Farc no dejen las armas, no se desmovilicen, no vemos conveniente francamente que vayan ante la Corte Constitucional”,
dijo Cristo, en declaraciones difundidas por medios locales.
El titular del Interior consideró que en lugar de los negociadores o jefes de esa guerrilla “podría ir un abogado que ha estado participando en las negociaciones” o “alguien que no haya estado participando en las actividades al margen de la ley de las Farc”.
El funcionario juzgó como un aporte “importante” la posición de las Farc, pero aclaró que los voceros no podrán ser “en ningún caso jefes militares de las Farc que todavía sigan en armas”.
La Corte admitió una demanda presentada el pasado 28 de marzo por Montealegre en contra de la palabra “acuerdo” contenida en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado en agosto de 2012 por el Gobierno y las Farc y que dio pie a las conversaciones que las partes sostienen desde noviembre de ese año.
El exfiscal, que concluyó su gestión el mismo 28 de marzo, explicó que pidió que la Corte Constitucional declare que los acuerdos suscritos “no son simples actos políticos sino que tienen una fuerza equivalente a la de un tratado internacional”.
Al pronunciarse sobre la demanda, la Corte Constitucional, además de admitirla, indicó que comunicará el inicio del proceso al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al titular del Congreso y a los ministros del Interior, Justicia y Relaciones Exteriores, para que “si lo consideran oportuno intervengan mediante escrito”.
También invitó a presentar por escrito su opinión a organizaciones de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, a los presidentes del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, así como a los delegados del Gobierno y las Farc en la mesa de La Habana.
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Además a expresidentes e instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, partidos políticos, universidades, entre otros.
En concreto, la Corte pidió pronunciarse sobre “la naturaleza jurídica de los acuerdos general, temático y final de los diálogos de paz, su jerarquía normativa y los límites en relación con el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, el alcance de la competencia de un Tribunal Constitucional sobre acuerdos de paz, la función constitucional del Congreso en los acuerdos y los mecanismos de participación ciudadana.
Con EFE
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