De acuerdo con el sitio brasileño Veja, el magnate dijo que su empresa entregaba entre 50.000 y 100.000 dólares mensuales a las Farc, desde la década de 1990, a cambio de un “permiso” para adelantar proyectos en los territorios bajo control de esa guerrilla.

La medida fue tomada en los años 90, después de que las Farc secuestraran a dos ejecutivos de Odebrecht.

La empresa apeló a un grupo estadounidense especializado en zonas de conflicto, que negoció la liberación de los rehenes y sugirió luego una solución definitiva para evitar nuevos problemas de ese tipo, explica Veja.

Denominado “impuesto guerrillero” por las Farc, esos pagos eran calificados de “costo operativo” o “tributo territorial” en los balances de la empresa.

Ese acuerdo permitió a Odebrecht realizar entre otros trabajos la Ruta del Sol, una autopista de más de 500 km, que une el centro de Colombia con la costa del Caribe.

Odebrecht es una de las principales empresas objeto de las investigaciones de la operación “Lava Jato”, que ha revelado un sistema de corrupción montado por los grupos brasileños de ingeniería civil para obtener, a cambio de sobornos, contratos de la compañía petrolera estatal Petrobras.

Así, en Colombia, la multinacional no solo habría corrompido a empleados del sector privado y a altos funcionarios del Estado para conseguir jugosos contratos para obras de infraestructura, sino que habría tenido tratos con un grupo ilegal.

De hecho, en el país están detenidos por ese caso el exviceministro de Transporte y exdirector del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) Gabriel García Morales y el exsenador Otto Bula.

Pero eso es solo en el caso colombiano, particularmente en concesiones como la Ruta del Sol 2. Porque la escala de los sobornos a funcionarios públicos a cambio de obras y de medidas parlamentarias que orquestó el grupo Odebrecht se extendió por gran parte de América Latina, con ramificaciones en África y Europa, e incluyó un sofisticado esquema de lavado de dinero.

Con AFP

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