La idea que primero le atribuyó el presidente Gustavo Petro a una estrategia de los medios de comunicación, en el sentido de que estaban urdiendo un golpe blando para derrocarlo, se viene convirtiendo en un comodín que usa el mandatario para explicar los diferentes problemas que enfrenta su administración. Desde su perspectiva, todo el país, todas las circunstancias, estarían conspirando contra él. Su constante reclamo está haciendo que el tema se esté volviendo paisaje.
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En prácticamente todos sus discursos, el jefe de Estado esgrime la idea de un derrocamiento. Para no ir demasiado lejos en el tiempo, por ejemplo, este lunes en Soacha, al referirse al tema de la salud, dijo: “Nosotros no permitimos la privatización de la salud. Ya la salud tiene sus clínicas, sus cosas. Actúa; nosotros no la estamos cerrando; las que funcionan mal se intervienen. Pero la salud pública no se privatiza. ¡Primero tumban al presidente que privatizar la salud!”.
Es decir que cuando quiere poner cierto acento o intensificar su vehemencia en algún aspecto de sus intervenciones saca la carta del “golpe blando”, del derrocamiento. Entre sus seguidores, eso tiene un significativo impacto porque, apenas oyen palabras como esas, lanzan vivas y arengas en defensa del mandatario. Es entendible que les resulte intolerable siquiera imaginar la ausencia de su líder. Cuando él menciona un “golpe blando” o un derrocamiento, es como si le inyectara más oxígeno a la llama de los auditorios que lo escuchan. Le sube y le baja el volumen a la flama a discreción, y obtiene la respuesta que espera. Todo bajo control.
En la jornada que se denominó ‘Gran toma de las ciudades capitales’, y que comenzó en el sur de Bogotá, el presidente Petro también se refirió al grave escándalo de corrupción que tiene envuelto a su gobierno por el presunto desvió de 4.000 millones de pesos de la compra de carrotanques en La Guajira hacia importantes figuras del Congreso de la República, supuestamente para sacar adelante las reformas que se discuten en el Legislativo.
“[…] Bajo la tesis de que el presidente, no están diciendo los funcionarios, sino el presidente, compró con dinero público congresistas para aprobar la reforma, eso es falso”, dijo el mandatario, y de inmediato se refirió al ya manido “golpe blando”: “Tiene que ver con una estrategia de golpe. No olvidemos. Este no es un tema de dos corruptos. Ellos deben defenderse de la justicia, pero lo que se está construyendo alrededor de esos dos es la línea del golpe, y por eso tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos”.
Los funcionarios a los que se refiere son Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), respectivamente, que hoy están buscando un principio de oportunidad con la Fiscalía para entregar más información y pruebas que involucrarían a más miembros del Gobierno Nacional. Esa figura, que es legal, fue descalificada por el presidente, desvirtuándola a priori, sin que se surta el proceso de investigación, verificación y decisión judicial: “Los funcionarios cayeron en la tentación de salvar sus penas acusando”, dijo.
Gustavo Petro hace grave acusación de extorsión sin pruebas
Además, hizo otra grave incriminación después de descalificar a sus funcionarios López y Pinilla. Porque, hay que recordarlo, la UNGRD es una unidad especial adscrita a la Presidencia de la República. Acusó a los abogados Luis Gustavo Moreno (exfiscal anticorrupción condenado por corrupción y extraditado a Estados Unidos, donde pagó una condena, y volvió a Colombia a ejercer), apoderado de Pinilla, y su medio hermano José Luis Moreno, que defiende a López.
“Unos abogados muy famosos por su línea delictiva, incluidos los del cartel de la contratación de Bogotá, cogieron el tema en sus manos y están, algunos, extorsionando funcionarios”, dijo el presidente Petro, queriéndose referir al también corrupto ‘Cartel de la toga’, del que hizo parte Luis Gustavo Moreno. A pesar de las confusiones del mandatario, si tiene pruebas de que estos juristas están extorsionando, está en la obligación de denunciarlos.
Resulta extraño, por decir lo menos, que el mandatario sepa que hay unos funcionarios de su Gobierno extorsionados y no lo ponga en conocimiento de las autoridades con las evidencias correspondientes, máxime cuando se trata del mayor escándalo de corrupción en el que está comprometida su propia administración.
Es tan grave que, además de los miles de millones que se pudieron haber perdido, están involucrados los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Y, según los abogados Moreno, también habría ministros envueltos en este entramado de corrupción. Se trata de personajes del primer orden de la vida republicana del país.
“Qué incomodidad o qué jartera estar haciéndole todos los días una alfabetización jurídica a quien debería conocer por encima de cualquier ciudadano las normas, porque juramentó cumplirlas”, dijo el abogado Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia y miembro del equipo de ‘6 AM Hoy por hoy’, de Caracol Radio, sobre la actitud del mandatario. “En el caso del presidente y de todo funcionario hay dos normas imperativas que les obliga a denunciar de inmediato todo posible delito”.
La primera, siguió en su explicación Herrera, “se deriva del régimen disciplinario de todos los servidores públicos, incluido el primer mandatario de la Nación. Se dice específicamente ahí que es deber de todos los servidores públicos denunciar o poner en conocimiento de la respectiva autoridad los delitos, las contravenciones o las faltas disciplinarias de las que tenga conocimiento”.
Para el jurista, eso también está ratificado en el artículo 177 del Código Penal, que dice que tendrán la obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio, entre otros, los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. “Por eso, es absolutamente incomprensible lo que está pasando. Bueno para los trinos, malo para las denuncias”, terminó Herrera.
Ante la delicada acusación del presidente Petro, el abogado José Luis Moreno aseguró en un comunicado que ni él ni su firma están detrás de ningún golpe blando y ratifica que López declarará sobre hechos ciertos. “Jamás haríamos parte de un plan para afectar a nuestro amado país, o a la institucionalidad. Lamentamos y recibimos con profundo temor las afirmaciones hechas en torno a un posible golpe de estado o golpe blando”, escribió Moreno.
“NO tenemos ninguna intención política ni mucho menos nos hemos reunido con algún político; ninguna persona puede hablar a nombre de los abogados de confianza y menos para pedir cosa distinta a la verdad. El temor es natural y más aún cuando se tiene familia. Los abogados que ejercemos el derecho no deberíamos ser objeto de este tipo de señalamientos en el ejercicio de la profesión”, precisó el jurista. El presidente Petro, sin embargo, sigue moviendo la idea de que buscan derrocarlo, pero no ofrece pruebas.
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