Historia de horror de empleada doméstica en barrio estrato 6 de Bogotá

Por lo menos, parecen una violación de los derechos humanos.

Diana es un nombre ficticio, porque ella tiene temor, no solo a represalias, sino a que la publicidad del caso le impida conseguir un nuevo empleo, o que su círculo cercano llegue a creer las acusaciones. Sin embargo, su narración está respaldada por una denuncia ante la Fiscalía, donde aparecen parcialmente los hechos aquí narrados.

Aquí se incluye su versión completa, pues además de quien aparece señalado en la denuncia ante la Fiscalía, hay otros involucrados. Así mismo, se incluyen algunos datos reales, importantes para describir en qué contexto se movía Diana y permiten confirmar su versión.

Diana es una mujer costeña de 31 años, madre de 2 hijos, que para sostenerlos trabajaba como interna en un apartamento ubicado en el barrio El Chicó de Bogotá. Sus hijos viven con la madre de Diana en un municipio en la Costa.

En el apartamento se dedicaba exclusivamente a las labores de aseo, por lo que le pagaban un sueldo mensual de $800.000, pero sin aportes a salud, pensión, caja de compensación, etc. Extrañamente, quien la contrató fue la otra empleada interna, Rosa, quien estaba en la cocina. Fue un contrato verbal.

Recuerda que con frecuencia iban personas, “visitas”, a quedarse en el apartamento.

El 10 de mayo, una de esas visitas era la hermana del dueño de la casa, a quien este supuestamente le entregó 15 millones de pesos en efectivo.

“Yo sí vi que ella llevaba la plata, no sé cuánto… se la entregaron de 10 a 11 de la mañana. La señora estuvo toda la mañana ahí, como a la una se fue”, recuerda Diana.

A eso de las 8:30 de la noche, a la sala la llamaron el patrón, su esposa, la hermana del patrón (a quien le habían entregado la plata) y su hija (de unos 24 años), otra visita que estaba en la casa y un abogado (que ella cree que es hermano del dueño de la casa, pero que aquí llamaremos ‘Joyita’ y que usted entenderá por qué al final). Ese grupo de personas armaron un tribunal de justicia con todas las distorsiones posibles: juez sin rostro, inversión de la carga de la prueba (a ella le tocaba demostrar que no era culpable), sentencia anticipada (sin haber aceptado los cargos), e imposibilidad de apelación.

La hermana del señor tomó la palabra: “Nena, necesito hablar contigo. Imagínate que se me perdió una plata, y yo te culpo a ti porque fuiste la única que me vio con la plata en la mano”. El abogado ‘Joyita’, en tono amenazante, insistió en los “cargos”.

Diana le respondió: “Está en todo su derecho (de decirlo), yo le vi la plata. No he salido de la casa, aquí duermo en este cuarto, aquí están mis cosas, revíselas… pueden mirar cámaras, preguntar a la portería”. Su versión la repitió varias veces.

El razonamiento de Diana era simple: si ella era la ladrona y no había salido del apartamento, la plata debía estar ahí, en alguna parte.

Diana le preguntó a la hermana del señor que si ella había verificado la cantidad recibida, y la señora le respondió que sí, pero una vez había llegado al sitio a donde la tenía que llevar. Allí pidió prestado un baño para contarla y se dio cuenta de que no estaba completa. Ante la insistencia de Diana, la señora luego dijo que sí había contado el dinero dentro del apartamento.

“Ella dice que la dejó (la plata) en el cuarto, metida en un bolso, donde en el momento estaba yo. Como yo le dije: entré a todos los cuartos y arreglé todos los cuartos”, dice Diana.

Hasta aquí, cualquiera podría decir que hay dos versiones, igualmente creíbles de un hecho, y que correspondería a las autoridades determinar la verdad, incluso para un monto tan pequeño.

Pero la forma en que se desarrollaron los hechos posteriores lleva a cualquiera a creer en la versión de la empleada.

El abogado ‘Joyita’ insistió en los “cargos” y la llevó al cuarto para realizar la requisa de rigor. Mientras ponía patas arriba el cuarto, él le repetía que confesara dónde estaba la plata para no hacerlo perder tiempo.

Todo lo que se encontraba en la requisa era convertido en una prueba en su contra: una prenda de ropa bonita (un pantalón Kenzo, una chaqueta comprada en Sanandresito) era demasiado para una empleada doméstica; $300.000, unos bolívares y euros en su billetera, demasiado efectivo para alguien que ganaba tan poco. De nada servían sus explicaciones de que las prendas las había comprado ella misma con su quincena, y que la ‘fortuna’ de la billetera era lo que aún le quedaba de ella, y la moneda extranjera era regalo de sus patrones anteriores. “¿También se les perdieron bolívares y euros?”, les preguntó ella.

Ante la insistencia de ella en su inocencia, el abogado ‘Joyita’ comenzó a amenazarla con entregarla a los escoltas del dueño de la casa, para que se la llevaran a alguna parte y la torturaran y le quitaran el pelo. Ella pidió su celular para informar a sus familiares sobre lo que estaba pasando, y que se la iban a llevar, a lo que el abogado ‘Joyita’ respondió que ella “no tenía derecho a ninguna llamada”.

Cuando se le pregunta a Diana si recuerda los nombres de los escoltas, ella responde –como si estuviera en una escena del ‘Patrón del mal’– que eran ‘Paladar’ y ‘Pispi’ (apodos reales). A pesar de que les preguntó a ellos mismos sus nombres, nunca se los dieron. Y cae en cuenta de que incluso nunca escuchó el nombre del dueño de la casa, porque todos se dirigían a él como ‘El Tío’.

Para aumentar la presión sobre Diana, ‘el tribunal’ le comunicó que habían llamado a la Policía, algo que ella quería que se hubiera hecho desde el comienzo, pero las autoridades no llegaron.

Luego, nuevamente, a Diana le ordenaron ir otra vez a un cuarto pero en compañía de la hija de la mujer que había recibido el dinero y otra joven que estaba de visita.

En la habitación, las mujeres la hicieron desnudar completamente. “Yo estaba asustada porque se suponía que iban a ir los escoltas”, dice Diana, a quien se le pasó por la cabeza que podrían abusar de ella.

Mientras la tuvieron desnuda frente a ellas, le dieron vuelta, la miraron por debajo, por encima, de frente, de lado… Solo faltó el tacto vaginal. Al no encontrar nada, la dejaron vestir.

El interrogatorio, la requisa y las acusaciones se extendieron hasta casi la media noche, cuando le comunicaron que, dado que no confiaban en ella, tenía que irse de la casa, pero tendría que hacerlo solo con lo que tenía puesto: sin ropa, sin documentos, sin celular, que el abogado ‘Joyita’ decidió decomisarle. En un acto de ‘generosidad’, ‘Joyita’ le permitió hacer una llamada desde su propio celular para informar a su hermana, que vive en el barrio Las Ferias, que iba a llegar tarde y que la esperara. Le entregó $50.000 de los $300.000 que Diana tenía en su billetera. Luego la ‘escoltaron’ hasta la portería.

Antes de que se fuera, el abogado ‘Joyita’ le dijo que tendría que presentarse al día siguiente para que le realizaran una prueba de polígrafo, a lo que ella dijo que lo haría porque no era culpable de lo que se le acusaba.

Diana madrugó el 11 de mayo y se dirigió al apartamento, en compañía de un hermano y un primo, pero antes pasó por el CAI de la carrera 11 con calle 86, para pedir acompañamiento policial. Allí se sorprendió cuando uno de los agentes le dijo conocer el caso, y que habían acudido la noche anterior (cuando ella ya había salido) al apartamento por llamado de los dueños, y que el abogado ‘Joyita’ les había dicho que ella “había aceptado los cargos” y enviaría el dinero con su novio. Ella les dijo a los policías que ni lo uno ni lo otro era cierto: ni ladrona, ni ennoviada.

Luego se dirigió al apartamento acompañada por los policías y, delante de ellos, pidió la entrega de sus pocas cosas, el celular y los documentos. El abogado ‘Joyita’ se negó, poniendo como condición que se hiciera primero la prueba de polígrafo.

La prueba se realizó en un edificio que queda en la calle 106 con 54 (en la denuncia figura la dirección exacta, y ella conserva el nombre de la empresa). A Diana le dijeron que la otra empleada también sería sometida a la prueba, pero ella pudo confirmar con alguien de esa empresa que no se la habían practicado.

A pesar de que Diana manifestó su desconfianza con la prueba, se sometió, pero incluso hizo averiguaciones para hacerla pagando ella misma para demostrar su inocencia.

A la salida de la prueba, el abogado ‘Joyita’ le dijo que por la tarde le entregarían sus bienes, pero que tenía que escoger: o el celular o la ropa, no las 2 cosas. Ella y sus familiares exigieron la devolución de todo. El abogado le tomó del pelo por varios días, incluso estando acompañada de la Policía.

Mientras retuvo el celular de Diana y su billetera, el abogado ‘Joyita’ revisó todos los mensajes de ella, recibos, papeles personales. Pero fue más allá y se atrevió a llamar al exesposo de Diana y padre de sus 2 hijos, para desacreditarla y verificar si le había hecho algún giro de dinero a ella. A pesar de que este le respondió afirmativamente, y le informó a través de qué cuenta lo hacía, ‘Joyita’ en una de sus llamadas le dijo a Diana que su ex lo había negado, lo que, según ‘Joyita’, comprobaría que era ladrona.

Cuando por fin aceptó dar la cara, ‘Joyita’ la llamó para reiterar la negativa y seguir acosándola: “Mira… la prueba de poligrafía ya salió, el fiscal ya la tiene en las manos y está ordenando orden de captura para ti”. En otra llamada le dijo que iba a ser recluida en la cárcel del Buen Pastor.

Diana logró recuperar sus cosas yendo directamente al apartamento, nuevamente con la Policía, un día en el que no estaba el abogado.

A pesar de que Diana presentó la denuncia, cree que esta no prosperará, porque es su palabra contra la de gente con plata. Ella es humilde y no tiene ni siquiera para pagar un abogado decente (un Abelardo de la Espriella, por ejemplo, no se fijaría en un caso como este), a pesar de la protuberancia de los delitos que cometió el abogado en complicidad con los dueños de la casa. Delitos que ni siquiera ella sabe que existen.

Diana intuye, pero no sabe, que el abogado ‘Joyita’ la sometió a tortura sicológica.

Diana no sabe, pero seguramente el abogado ‘Joyita’ sí, que lo que hizo también se puede calificar como ‘constreñimiento ilegal’, que consiste en obligar a una persona a hacer actos contrarios a su libertad y voluntad.

Diana no sabe, pero tal vez sí el abogado ‘Joyita’, que el polígrafo no es aceptado como prueba, ni siquiera por la mismísima Corte Suprema de Justicia, ni ningún particular la puede exigir a un empleado para probar responsabilidades en irregularidades.

Diana no sabe que ninguna autoridad, menos particulares como el doctor ‘Joyita’, puede retener los documentos de identidad a un ciudadano.

Diana no sabe que al haberle revisado el celular violaron la privacidad de sus comunicaciones.

Diana no sabe que tenía derecho a que le hicieran una liquidación con todas sus prestaciones de ley.

Diana no sabe que, incluso, el abogado ‘Joyita’ podría estar expuesto a una sanción disciplinaria por mal ejercicio profesional y hasta la cancelación de su tarjeta profesional.

A pesar de lo reciente del caso, los datos concretos y los indicios, el abogado dijo no recordar nada porque “tiene demasiados casos parecidos”. Sin embargo, dijo que a ella se le habían resguardado sus derechos porque incluso existe la carta, “como debe ser, como siempre pasa”, (donde ella autoriza) la realización del polígrafo.

Al ser informado de que existía una denuncia en su contra en la Fiscalía, se anticipó a hablar de la existencia del delito de “falsa denuncia”.

Lo peor de esta historia es que Diana no es la única que habría vivido esta pesadilla. Por versión de la otra empleada, ella se enteró de que quien la había antecedido en el puesto también había salido por acusaciones de robo. En esa oportunidad, $20 millones en efectivo.

Nota: en la versión inicial de esta nota se escribió equivocadamente el nombre de uno de los escoltas: fue escrito como ‘Tisti’, pero en realidad es ‘Pispi’.