“Estos, por un lado, sepultaron las normas que prohibían la vagancia o deambular y dormir en las calles; y, por el otro, ordenaron respetarles sus derechos, especialmente a su libre desarrollo de la personalidad. Eso significa que no pueden ser discriminados, llevados a la fuerza a centros de atención o reclusión ni imponerles tratamientos”, dice la revista Semana, recordando que ellos no son solo víctimas, sino victimarios de otras personas que también tienen derechos.

Luego de que el sector del Bronx fue intervenido por las autoridades, los habitantes de la calle se desplazaron a otros barrios del centro de Bogotá, donde protagonizaron acciones violentas contra los habitantes y comerciantes.

Por eso, funcionarios están pidiendo a la Corte que se pronuncie sobre el alcance de sus sentencias.

“Buscamos que nos permitan ejecutar políticas públicas en las que el Estado pueda, aun sin el previo consentimiento de esas personas, intervenir para que se proteja la salud de los habitantes de calle y también la vida de quienes afectan”, dijo a El Tiempo la secretaria Jurídica del Distrito (de Bogotá).

La pregunta es si los derechos de los indigentes o habitantes de la calle no deben tener algunas excepciones.

Por ejemplo, dice Semana, se formulan las siguientes preguntas:

  • ¿Pueden estas personas ser llevadas a sitios médicos de urgencias o, en caso de un diagnóstico de enfermedad mental, ser tratados o recluidos sin su consentimiento?
  • ¿Es posible prohibirles permanecer en ciertos lugares, como ocurre con los vendedores ambulantes, o si los derechos de los habitantes de calle priman sobre otros colectivos, como los de comerciantes o estudiantes?

El Tiempo, por su parte, advierte en su editorial que las acciones de la alcaldía radican en el fallo de la Corte Constitucional que amparó el derecho de los habitantes de la calle a permanecer en ella si esa es su voluntad, por lo que “no pueden ser objeto de traslados forzosos ni obligados a recibir tratamientos para su recuperación, en aras de respetar sus derechos fundamentales”.

“Para muchos –agrega ese medio–, el fallo de la Corte, si bien se enmarca en el respeto por las decisiones de la persona, termina en este caso condenándola a ser presa de los criminales o a que ella misma se convierta en criminal a causa de las circunstancias”.

“Resulta, en consecuencia, pertinente el debate planteado por el alcalde Enrique Peñalosa de pedir a la Corte la revisión del fallo en cuestión, para que se permita que ellos puedan ser trasladados a hogares de paso y centros de atención para su tratamiento integral. Hablamos aquí, ni más ni menos, de proteger la integridad física y moral de estos seres, para arrebatárselos a la calle y a las mafias”, remarca el diario.

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