La vista judicial tendrá lugar este viernes, y en ella estarán la viuda y las hijas del activista Julio Henríquez, víctima emblemática de los crímenes de Giraldo cuando se le conocía como ‘el Patrón’.

Henríquez fue un ecologista que había estado organizando a los agricultores de la zona de control de Giraldo para que sustituyeran los cultivos de coca por los de cacao en el parque Tayrona y atacó así la fuente de ingresos de su victimario. Desapareció a manos de los paramilitares el 4 de febrero de 2001.

Con el testimonio de su viuda, Zulma Natacha Chacin de Henríquez, y de sus hijas Nadiezdha y Bela Juliana Henríquez Chacín, el juez del caso valorará la relación entre el delito de narcotráfico —por el que es juzgado Giraldo en Estados Unidos— y los otros crímenes de este exjefe paramilitar.

A estas familiares de Hernández les ha costado ocho años ser reconocidas como víctimas en el caso de Giraldo, y quieren que su testimonio contra Giraldo sirva para exponer la “impunidad” de la que se han beneficiado los 14 exjefes paramilitares extraditados a Estados Unidos por orden del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

En 2009, Giraldo fue condenado en Colombia a 38 años de cárcel por la desaparición forzada de Henríquez, pero no ha cumplido aún esa condena en Colombia porque desde hace casi nueve años está en una cárcel de Estados Unidos a la espera de juicio.

Lo curioso, y la razón por la que la familia de Hernández habla de impunidad, es que la fiscalía de Estados Unidos pide para Giraldo una pena de 20 años de cárcel (de la que le quedarán por cumplir unos diez), por cobrar “impuestos de guerra” a los que cultivaban cocaína.

“Lo que está diciendo la fiscalía es que era un simple cobrador de impuestos de narcotráfico y no el mayor narcotraficante de la costa del Caribe. Es falso y, además de falso, es contrario a cualquier posibilidad de superar una situación de guerra, de crisis y de muerte”, dijo Nadiezdha, la hija mayor de Henríquez.

Además, la defensa del paramilitar va más lejos y pide 12 años de cárcel con crédito por el tiempo servido y asegura que Giraldo era un “patriota” que cobró los impuestos de la droga con el único fin de proteger a los campesinos de los guerrilleros de las Farc.

Esa petición de pena se encuentra, según la fiscalía y la defensa, en línea con las que han recibido otros exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, condenados a 15 años y 10 meses de cárcel, y 16 años y medio, respectivamente.

Estas condenas son mucho menores a lo que recibiría en Estados Unidos, por ejemplo, un pequeño traficante de marihuana, sujeto a una ley de sentencias mínimas que establece penas de hasta 20 años de cárcel.

Para la familia, el problema de las penas de los paramilitares es que mantienen “la impunidad” de los delitos cometidos en Colombia y “evitan que se conozca la verdad”, pues a los acusados no se les juzga por sus vínculos con políticos colombianos, un escándalo conocido como ‘parapolítica’ y que estalló en 2006.

“Estamos al borde de la impunidad y de perpetuarla porque el mensaje que se queda es: ‘Tú puedes ser paramilitar, tú puedes masacrar, tú puedes matar, traficar droga y no pasa nada’”, dice Bela Juliana, la hija menor de Hernández. “No pasa nada”, repite.

“Es eso, no pasa nada”, insiste la mayor, Nadiezdha.

Un mal recuerdo

“Vi a Hernán Giraldo por primera vez en 1992, cuando yo empezaba a ser profesora rural en una vereda de Santa Marta, en un pueblecito cerca del mar”, cuenta a Efe en entrevista en Washington Nadiezdha, ahora una activista de derechos humanos.

Según ella, Giraldo se reunió con todos los profesores nuevos, igual que hizo con los indígenas o los pescadores, para reafirmar su autoridad y decir: “Aquí el que manda soy yo. Ustedes hacen lo que yo digo. Tanto el Ejército como los políticos saben que yo estoy aquí y saben que yo mando”.

Giraldo ejercía su poder en la costa caribe colombiana: traficaba con droga y llegó a ser conocido como ‘el Taladro’ por sus continuos abusos sexuales contra menores de edad.

LO ÚLTIMO