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A través de algunos medios de comunicación, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, prendió el ventilador sobre un presunto caso de corrupción dentro de esa entidad y salpicó a los presidentes del Senado y Cámara.
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Según Pinilla, fueron entregados fajos de efectivo en maletas: mil millones de pesos al presidente de la Cámara, Andrés Calle, y 3 mil millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name. Todo esto con la supuesta colaboración de una intermediaria: la saliente consejera para las regiones, Sandra Ortiz.
El exfuncionario se adelantó a la cita que tiene con la Fiscalía la próxima semana para hablar de los presuntos nuevos implicados en el escándalo de corrupción por la compra de los carrotanques en La Guajira por más de 46.000 millones de pesos.
Tras sus polémicas declaraciones, el abogado de Pinilla, Luis Gustavo Moreno, aseguró que “si Sneyder y su familia no reciben seguridad, tenga la plena seguridad de que no va a haber ni un solo nombre más en esa matriz de cooperación, claro, es lo primero que le tienen que garantizar”.
Pinilla aspira a un principio de oportunidad con la Fiscalía y en ese proceso ya tiene un interrogatorio el próximo 8 de mayo.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa por las revelaciones de Pinilla. Por sorteo, el caso le correspondió al magistrado Francisco Javier Farfán, quien regresó de varios meses de licencia luego de ser salpicado por la presunta filtración de información en el caso de la familia Gnecco.
La procuradora Margarita Cabello anunció que, ante la gravedad de los hechos denunciados por Pinilla, iniciará las actuaciones disciplinarias pertinentes para el cierre.
Según la defensa de Olmedo López, el exdirector de Gestión del Riesgo ha sido víctima de amenazas, por lo que están buscando garantías para su seguridad.
¿Qué podría pasar con las reformas del Gobierno?
Las revelaciones de Pinilla generaron una cascada de reacciones y también muchas preguntas sobre el futuro de las reformas en el Congreso.
El presidente del Senado, Iván Name, publicó un comunicado donde afirma que: “Frente a las acusaciones realizadas ante medios de comunicación por Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, a quien no conozco, manifiesto a la opinión pública que dichas versiones no corresponden con la realidad”.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, sostuvo que: “Quiero dejar claro que no he tenido relación alguna con dicho contrato ni con ninguna otra actividad similar, es por eso que solicito a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto, pero a la vez con total objetividad para que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas”.
Desde el Congreso, se habló de las implicaciones que tendría este escándalo en las reformas que están en debate.
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“Podría afectar el funcionamiento del Congreso, en la medida en que las investigaciones de parte de la Fiscalía o de la Corte Suprema de Justicia no avancen. Por eso es importante la celeridad en la administración de justicia en este caso particular”, puntualizó Heráclito Landínez, representante a la Cámara del Pacto Histórico.
“Las responsabilidades políticas las tienen que asumir los presidentes de la Cámara y del Senado, que están hoy en entredicho. Necesitamos que la Fiscalía con toda su capacidad investigativa pueda precisar qué personas de Cámara o de Senado pudieran estar involucradas”, subrayó Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde.
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