Uno de los cuestionamientos que hacen los colombianos en redes sociales es que mientras a un desmovilizado de la guerrilla se le piensa pagar, supuestamente, 1’800.000 pesos de sueldo mensual por dejar las armas, un patrullero de la Policía tendrá que buscar un ascenso si es que aspira a ganar esa suma de dinero.
Por eso, los mismos negociadores del gobierno en La Habana se dieron a la tarea de aclarar esta situación a través de sus cuentas en redes sociales.
Además de advertir que esa información es “falsa”, el Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, indicó a Caracol Radio que “lo que vamos a hacer, como en todo proceso de paz, es apoyar la reincorporación de los miembros de las Farc a la vida civil. Vamos a apoyarlos también en esquemas colectivos para que contribuyan a cumplir con los objetivos del proceso de paz como lo son el desminado, la sustitución de cultivos ilícitos y la protección del medio ambiente”.
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En ese sentido, Humberto De la Calle, jefe del equipo negociador, dice que el acuerdo con las Farc no contempla acabar con la propiedad privada ni expropiar arbitrariamente tierras a sus dueños.
“La reforma agraria integral, en primer lugar, implica la presencia del Estado en el campo para recuperarlo con inversiones, justicia social y desarrollo. En segundo lugar, en efecto hay un fondo de tierras para dotar a los campesinos que no la tienen. Pero este fondo se nutre de tierras de ilegales, jamás de expropiaciones arbitrarias”.
Esto, en respuesta a las declaraciones que recoge el partido opositor Centro Democrático, que denuncia que están “despojando campesinos en nombre de la paz” y bajo la figura de la Ley de Restitución de Tierras, según la senadora María Fernanda Cabal.
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